Contabilidad Pública

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(Megacliente y Megalicencias)

(*) Eduardo Cárdenas Saldarriaga

Una mañana distinta. El sol se insinuaba con tibieza como pocas veces en mitad de la temporada primaveral. Antes del inicio de la sesión, los representantes de los distintos sectores del Estado, revisaban sus documentos, cambiaban opiniones y cotejaban cifras y posibilidades.

El Presidente del Comité ingresó y tras un breve intercambio de saludos y coordinaciones, comenzó la sesión. El único tema en agenda había causado un flujo frenético de correo electrónico o “emilios” y consultas a los directivos de presupuesto de cada entidad. Como todos temían, los resultados eran desalentadores. Muy pocos cumplían con los dispositivos legales y tenían “la casa en orden”.

El Presidente hizo un comentario escueto y planteó las alternativas: La primera, imposible de cumplir por casi todos, era la regularización del uso de licencias de “software” y el pago correspondiente. Ello implicaría racionalizar el uso a lo estrictamente indispensable para el desarrollo adecuado de las actividades. Sería el fin de la informalidad. Pero los recursos presupuestales no lo permitían.

La segunda, contemplaba el uso de “software” de libre disponibilidad. Tenía como base el sistema operativo Linux, gratuito, abierto y con acceso a las fuentes, lo que haría posible adecuarlo a las necesidades y requerimientos de cada entidad. Entonces se desencadenó el debate. Los tecnicismos y vocablos especializados fluían sin cesar. Cada cual presentaba sus propias peculiaridades y quienes no las compartían planteaban, desde otra óptica, un esquema distinto.

Así, cualquier persona hubiera podido aprender mucho de Linux, con sólo escuchar la discusión. El Presidente retomó la dirección con el siguiente resumen: Las ventajas estribaban en el acceso gratuito y la disponibilidad de fuentes, lo que permitía a cada usuario definir sus propias y particulares opciones y variables. Enunció el amplio soporte en comunicaciones y redes. “No en vano se basa en UNIX”, dijo. En cuanto a “hardware”, también había amplitud, además de ser un sistema operativo multiplataforma”.

Como desventajas, señaló la falta de uniformidad en el uso de las opciones y variables. Podía normarse un estándar por acuerdo del Comité, pero eso no garantizaba que no ocurrieran desviaciones por la condición del sistema operativo y la necesidad de algún usuario. Como herramienta de oficina, no era alternativa al uso de hojas de cálculo y programas de Windows, tan familiares a todos los trabajadores. Todo esto, en un entorno de modernización y transparencia del Estado, que conlleva al intercambio y difusión de información entre las entidades, sus sistemas y la ciudadanía, presentaría problemas de compatibilidad. El caso se agravaría si la incompatibilidad se hacía endémica por la vastedad y diferencia de aplicaciones informáticas desarrolladas por las distintas entidades. Sin contar las que estaban en desarrollo y las que se desarrollarían.

Otro aspecto, no menos importante y que significaría una gran inversión, era la capacitación a los trabajadores. En conclusión, un esfuerzo extraordinario a nivel Estado. Una tarea difícil y de plazo medio. En tanto, preguntó, ¿Qué queda por hacer?. La discusión continuó por algunos minutos. Se buscaron fórmulas intermedias. El tema parecía agotado sin conclusiones importantes. En tal estado de cosas, un directivo narró su experiencia personal: El levantamiento de datos de la situación del uso de “software” tuvo un resultado catastrófico: El promedio nacional de informalidad era 61 % (81 % en Bolivia)y su entidad registró 95 %. El problema era mayúsculo.

Contó también que, según allegados al entorno informático, existían condiciones especiales para clientes especiales. Así, concitó la atención general. La expectativa era grande y todos esperaban más información. Citó a Motorola USA, que gozaba de esas condiciones y precios en los países en que operaba, incluido Perú. Añadió que según las mismas referencias y sin confirmar –Lo que ocasionó más de una sonrisa- el Ministerio de Trabajo había efectuado el levantamiento de datos pero que no conocía los resultados y los asumía similares. Finalizó contando que el Ministerio de Educación obtuvo precios y condiciones especiales, aunque ignoraba los antecedentes.

Lo demás cayó por su propio peso. El Estado era el cliente más grande del país. Enfocada la necesidad de formalizar el uso de licencias, antes que los organismos reguladores incursionaran en las entidades estatales, era urgente definir el mecanismo de negociación, los costos, la metodología de su asignación a las diferentes entidades y, por sobre todo, quien o quienes pondrían “el cascabel al gato”. Podría ser que el Comité desarrollara el esquema y lo presentara al Ministerio de la Presidencia para su autorización y aplicación.

Se sugirió que sería una medida temporal, en tanto se afrontaba el tema del “software” libre. La sesión terminó sin acuerdos concretos. Todos convinieron en trabajar las alternativas de manera más detallada para la próxima sesión. Entre conversaciones de salida, dejaron la agradable temperatura acondicionada del salón y se enfrentaron resueltamente al sol que hacía destellar las carrocerías de sus autos.

(*) Profesor USIL