"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

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Informe Pre-Electoral

Informe Pre-Electoral

En cumplimiento del Art 32° del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806)

 

Entre 2016 y 2020, las políticas generales del gobierno se orientaron a impulsar programas y planes para promover el crecimiento y desarrollo, al tiempo que el país atravesaba las emergencias ocasionadas por el fenómeno de El Niño costero de 2017 y la pandemia de la COVID-19 en 2020. Así, ante el menor impulso externo que caracterizó el contexto económico se buscó impulsar nuevos motores de crecimiento tratando de atender problemas estructurales que obstaculizaban el funcionamiento del Estado, y en la atención a las demandas sociales en sectores clave como educación, salud, inclusión social, lucha contra la violencia hacia la mujer, lucha contra las heladas, entre otros.

Es por ello que las políticas aprobadas para la atención de dichos problemas pueden sintetizarse dentro de las políticas generales del gobierno al 2021 contempladas en el Decreto Supremo N° 058-2018-PCM, publicado el 24 de mayo de 2018. Dicho documento comprende un conjunto de prioridades, recopiladas en cinco ejes, sobre las que se orientan todas las políticas, planes y demás acciones para el logro de determinados objetivos para el desarrollo integral del país. Los ejes sobre los que se basan estas políticas son: (i) crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; (ii) desarrollo social y bienestar de la población; (iii) descentralización efectiva para el desarrollo; (iv) fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; e (v) integridad y lucha contra la corrupción. De esta manera, entre 2016 y 2020, se implementaron programas propicios para el crecimiento y desarrollo inclusivo, tomando en consideración el agotamiento del impulso externo que caracterizó hasta 2014; respetando un marco de responsabilidad y disciplina fiscal; y todo ello en un contexto en que el país afrontaba el fenómeno de El Niño costero y la pandemia de la COVID-19.

Entre 2016 y 2019, la economía peruana creció 3,2% en promedio, a pesar de contar con un contexto internacional de elevada incertidumbre comercial y una moderación del crecimiento económico del mundo. Ello fue sostenido por una recuperación progresiva de la demanda interna, particularmente, por el inicio de un nuevo ciclo de inversión minera, el desarrollo de proyectos de infraestructura, y el buen desempeño del mercado laboral. En 2020, la economía local fue afectada por una severa crisis global producto de la propagación de la COVID-19, y las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria implementada para contener su rápida propagación. Sin embargo, gracias al despliegue del Plan Económico frente al COVID-19 y a la reanudación de actividades, la economía podrá recuperarse rápidamente. A pesar del impacto de la pandemia en la actividad económica, Perú continúa siendo la economía con el menor riesgo país de la región y uno de los pocos países que mantiene su calificación crediticia, debido a los sólidos fundamentos macroeconómicos que construyó en años previos.

Con respecto a la gestión de la política fiscal, el periodo 2016-2019 se caracterizó por ser prudente, responsable y transparente, en un contexto donde ocurrieron diversos choques internos y externos. En ese sentido, se hicieron efectivas medidas administrativas y tributarias que redujeron los indicadores de incumplimiento y registraron importantes ganancias en la recaudación. Asimismo, la evolución del gasto no financiero fue consistente con un manejo responsable de las finanzas públicas que prioriza el cierre de brechas sociales en un marco de disciplina fiscal. Es importante enfatizar que en este periodo se cumplieron todas las reglas macrofiscales vigentes que comprendieron las reglas de gasto, resultado económico y deuda. Con ello, al cierre de 2019, Perú mantuvo uno de los menores déficits fiscales y con ello una de las más bajas deudas públicas entre países emergentes (Perú: 26,8% del PBI, América Latina: 70,8% del PBI y países emergentes: 52,6% del PBI). De esta manera, la fortaleza fiscal, acumulada como consecuencia del largo historial de manejo prudente y responsable de la política fiscal, permitieron contar con grados de libertad para poner en marcha en 2020 uno de los planes de mayor magnitud de la región con el objetivo de mitigar los efectos negativos de la COVID-19 sobre el bienestar de los ciudadanos, sin que ello implique comprometer la sostenibilidad fiscal.

En materia social, la mayor dotación de recursos para el sector social (del 11% del PBI en el 2015 al 13,7% en 2019) contribuyó con su efecto redistributivo, junto con el crecimiento económico, a la reducción de la pobreza entre 2015 y 2019 de 37,3% a 20% de la población (así como de la pobreza extrema de 10,9% a 2,9% de la población); siendo uno de los avances más importantes de la región. El mayor presupuesto social no solo se vincula con educación y salud, sino con un conjunto de programas de protección a los sectores más vulnerables, mediante el acceso a programas como Pensión-65, JUNTOS, Cuna-Más, Qali-Warma, Contigo, que otorgan beneficios a sectores de la población que requieren de la atención del Estado. En el frente educativo, destaca el mejoramiento de la calidad educativa (no solo de la educación básica, sino de la educación superior a través de los programas de licenciamiento), la revalorización de la carrera docente, y el incremento de la tasa neta de matriculación en niñas y niños de 3 a 5 años. En el frente de la salud, destacaron las acciones llevadas a cabo con el propósito de reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, así como el objetivo de brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial. Lo anterior fue complementado con la estrategia de aseguramiento universal de la salud. Este conjunto de acciones permitió al sistema de salud enfrentar la pandemia de la COVID-19, pese a las limitaciones evidenciadas en la fase inicial.

En el periodo 2021-2026, la economía peruana crecería en promedio 5,1% (prom. 2016-2019: 3,2%), sostenida por el fortalecimiento de la demanda interna asociado a una mayor acumulación de capital, y el impulso a la competitividad y a la productividad de la economía. En particular, en 2021, se espera un crecimiento de 10,0% debido a la continuidad de la política fiscal expansiva acompañada de condiciones financieras favorables y la implementación de la solución médica contra la COVID-19. Cabe señalar que en dicho año, la llegada de la vacuna, que iniciaría la aplicación en el primer trimestre, contribuirá a moderar el ritmo de contagios y permitirá un mejor control de la pandemia. Por ejemplo, recientemente, el gobierno anunció la firma de un acuerdo con la farmacéutica Sinopharm para la provisión de 38 millones de dosis contra la COVID-19, de los cuales, el primer lote de un millón de vacunas llegará al Perú a fines de enero de 2021. En esa misma línea, AstraZeneca entregará al Perú 14 millones de dosis de la vacuna este año. Además, se tiene un acuerdo firmado con el mecanismo Covax Facility, que comprende un total de 13,2 millones de dosis.

Hacia adelante, algunos de los retos que enfrentará la siguiente administración y que configuran valiosas oportunidades de mejora son: i) la consolidación de las cuentas fiscales y el fortalecimiento de las finanzas públicas; ii) la informalidad como un complejo problema estructural y multidimensional; iii) el bajo nivel de inclusión financiera incluso respecto a estándares de América Latina; iv) las ineficiencias del gasto público; v) un servicio de salud fragmentado e ineficiente; vi) un sistema de pensiones con baja cobertura y con problemas de sostenibilidad; vi) brechas de digitalización de los servicios públicos y de bases de datos y vii) brechas en los servicios de internet.