Notas de prensa y comunicados

Avances en la reforma de la política remunerativa del sector público

Por Carlos Oliva, viceministro de Hacienda
Publicado en Gestión, 02 de febrero de 2015

La política remunerativa de los servidores públicos ha sido un tema desatendido en nuestro país. Los ralos aumentos siempre estuvieron guiados por motivos políticos o por la lógica de “quién grita más”. Como resultado, se generó un sistema remunerativo caótico en la administración pública: entre personal que realiza la misma función en la misma entidad existían diferencias escandalosas; la mayoría había tenido sus sueldos congelados por años; proliferaban conceptos no remunerativos para no contabilizarlos en la CTS ni en las pensiones y, lo que es más importante, nunca existió una relación entre la remuneración y la productividad de los trabajadores cuya principal función es mejorar la prestación de los servicios al ciudadano.

Desde el primer día de la administración del Presidente Humala, nos propusimos reformar la prestación del servicio público lo cual pasa, entre otras acciones, por reformar (en realidad, crear) la política remunerativa del sector público. Para mejorar la prestación de servicios se requiere necesariamente de servidores que no sólo sean capaces, sino que además encuentren los incentivos adecuados dentro de una carrera que les permita superarse continuamente.

Como primer paso se diferenciaron dos grandes grupos de servidores. Aquellos que pertenecen a carreras especiales (médicos, profesores, policías, militares, diplomáticos, jueces, fiscales), y los que no. Para el primer grupo, había que trabajar leyes específicas que involucren la reforma de esos sectores (incluyendo la política salarial), mientras que para el segundo era necesario crear una carrera pública que unifique los regímenes laborales existentes, los denominados 728, 276 y CAS, también en el marco de reformas administrativas.

Más allá de particularidades, la política remunerativa estatal tenía que responder a criterios universales, definiéndose cinco: (i) acompañar y enmarcarse en las reformas sectoriales necesarias; (ii) mejorar los sueldos para hacer competitiva la atracción de talento; (iii) incorporar líneas de carrera donde la movilidad se define sobre la base de evaluaciones y meritocracia; (iv) eliminar las desigualdades al interior de cada carrera; y, (v) realizar las reformas con una programación multianual considerando la sostenibilidad fiscal. Con ello se busca romper con los cabildeos al interior del sector público para obtener prebendas salariales y, sobre todo, crear un sistema previsible y atractivo para mejorar el servicio y así sentar las bases de una verdadera reforma del Estado.

A la fecha se ha avanzado mucho en esta línea, aunque los beneficios están aún por materializarse conforme se avance con la implementación.

En noviembre de 2012 se aprobó la Ley de Reforma Magisterial que incluyó a la totalidad de profesores dentro de la línea de carrera, con evaluaciones y capacitación periódica. Se aumentó inmediatamente las remuneraciones en un promedio del 12%, contemplándose escalas en las que el aumento supera el 50% y retribuciones importantes para aquellos que además ostentan cargos de responsabilidad.

En diciembre de 2012 se aprobaron los Decretos Legislativos que definieron la política salarial y pensionaria de las Fuerzas Armadas y Policiales, eliminando las distorsiones entre institutos y generando una escala salarial a ser implementada en cinco etapas (estamos en la tercera) que se refleja en un aumento promedio en más de 65% para personal Oficial, y más de 85% para personal Suboficial.

En julio de 2013 se promulgó la Ley del Servicio Civil, la cual exige que las entidades redefinan sus funciones, puestos y perfiles, reorientándolos al servicio del ciudadano. Se crea una línea de carrera para más de medio millón de servidores, proyectando incrementos promedio de un 20% en los ingresos anuales, (algunos servidores podrían hasta duplicarlos) dentro de una carrera meritocrática que además establece beneficios como la capacitación permanente.

En setiembre de 2013 se aprobaron numerosos Decretos Legislativos para reformar el sector de la salud. En particular, el DL 1153 definió las compensaciones y entregas económicas del personal de la salud: profesionales (médicos, enfermeras, obstetras, entre otros), personal técnico y auxiliar asistencial. Con ello se sinceró la planilla para mejorar la CTS y las pensiones futuras, se eliminó el sesgo que perjudicaba a los servidores que trabajan en provincias y se incentivó al personal para cubrir las zonas alejadas, en emergencia y de frontera. Un grupo importante de servidores puede ver sus ingresos incrementados en más de un 50%.

En diciembre de 2013 se promulgó la Ley 30125 que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial, definiéndose una escala remunerativa de implementación progresiva en tres tramos y vinculada a resultados institucionales. Esta medida también involucra a los fiscales del Ministerio Público.

Por último, nos encontramos en la etapa final de la reforma remunerativa del servicio diplomático, la cual irá acompañada también de medidas dirigidas a la modernización de este servicio.

Este repaso muestra un compromiso decidido del gobierno del Presidente Humala por solucionar un viejo problema de la administración pública, que todos diagnosticaron pero que nadie enfrentó. Hubiera sido fácil, pero irresponsable, aprovechar la bonanza fiscal para aumentar sueldos sin reformas. Se optó por la ruta responsable, diseñar e implementar reformas que ningún gobierno tuvo la capacidad o decisión de llevar a cabo. Esto no significa, por supuesto, que en el camino no se puedan perfeccionar algunas medidas, sin perder el foco de las reformas ni los criterios básicos que deben seguir las políticas remunerativas. Creemos haber trazado el camino a seguir, con la expectativa de que en uno o dos lustros podamos contar con servidores públicos de inmejorable calidad y al servicio del ciudadano.