Perú ha transitado diversas etapas en el desarrollo de su sector energético. Durante los años 70 y los 80 el sector energético peruano se caracterizaba por una elevada intervención por parte del Gobierno de Perú (GdP). A partir de la crisis de deuda que se inicia en 1982, comienzan a evidenciarse problemas en el financiamiento de los proyectos energéticos lo que genera cierto rezago en las inversiones requeridas para la sostenibilidad del sector. En el sector eléctrico, el sistema tarifario respondía en gran medida a criterios coyunturales, sin considerar una recuperación adecuada de las inversiones. El sector alcanzó una situación crítica que indujo al GdP a acometer en los años 90 un proceso de reformas estructurales que pivotaron fundamentalmente en torno a la promoción de la participación privada en el sector energético.
El modelo de desarrollo resultante de las reformas impulsó la inversión privada en infraestructura en tanto que en el sector de energía limitó el rol del GdP al de regulador y promotor de dicha inversión privada. Los objetivos que se persiguieron con la reforma apuntaron la introducción de mecanismos de competencia para mejorar la eficiencia, generar incentivos para atraer inversiones al sector en un entorno estable y adecuar la estructura tarifaria y de precios para garantizar la sostenibilidad de la prestación de los servicios y su expansión, superando los problemas derivados del modelo anterior.
En general, las reformas en la década de 1990 dinamizaron el sector energía y abrieron espacios a la iniciativa privada, aunque el GdP relegó las funciones de planificación estratégica, tanto en el desarrollo de la oferta energética como a la gestión de demanda. En consecuencia, se evidenció los siguientes problemas: i) retrasos en el desarrollo de la energía hidroeléctrica; ii) la adopción de generación con Gas ineficiente a ciclo simple; iii) la concentración geográfica de la nueva generación térmica; iv) la congestión en la transmisión eléctrica y en la capacidad del principal gasoducto; v) la persistencia de la vulnerabilidad de la generación a la hidrología; vi) el dificultoso ingreso de RER (Recursos Energéticos Renovables); vii) la reducida Eficiencia Energética (EE); y viii) la asimetría en la infraestructura eléctrica entre regiones, y conflictiva percepción de la sociedad frente a los beneficios e impactos del sector.
En el año 2009, en atención a las problemáticas antes mencionadas, el GdP y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordaron en llevar a cabo una serie programática denominada NUMES que ayude al Perú en el desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES), basada en un enfoque integral de aspectos técnicos, económicos, ambientales, y sociales, que se articule con los objetivos de desarrollo del Perú. En ese sentido, la NUMES apoyó también una extensa propuesta de metas de política sectorial, así como la formulación de una matriz energética objetivo para Perú.
Asimismo, a lo largo de los años transcurridos hasta el año 2012, muchas problemáticas identificadas con anterioridad prevalecieron, incluyendo la limitada capacidad para enfrentar el desarrollo de grandes proyectos energéticos como consecuencia de debilidades en planificación, articulación institucional y entre los numerosos participantes públicos y privados; y la moderada experticia en la formulación, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos.
Cabe precisar, que pese al proceso de liberalización y promoción de la participación privada acometido tras la reforma de los 90, la contribución de las empresas públicas en el sector continúa siendo significativa.
Además, el marco normativo que regula a las empresas públicas del sector energético en el Perú revela ciertas restricciones y carencias que están limitando el funcionamiento y operativa de las mismas, afectando negativamente su competitividad y desarrollo. Pese a los esfuerzos que se han efectuado desde el GdP para desarrollar e implementar un Código Marco de Buen Gobierno Corporativo entre las empresas públicas, los resultados alcanzados han sido desiguales, obstaculizando en parte las intenciones del GdP de facilitar la entrada de inversores privados en el capital de las empresas públicas del sector.
Dentro de este contexto, el BID consideró que el programa PROSEMER propone apoyar acciones específicas para solucionar los problemas detectados y hacer posible las medidas planteadas en la operación programática de apoyo al desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible en el Perú (NUMES) y revertir las debilidades identificadas en las agencias del sector para desarrollar una gestión equilibrada y sostenible de los recursos energéticos, como factor clave para optimizar el potencial energético del país, en consistencia con la política del sector que contempla "contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética"; "contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de energía"; y "fortalecer la institucionalidad del sector energético".
Posteriormente, mediante Resolución Suprema N°039-2012-EF de fecha 24 de junio de 2012, el GdP aceptó la Cooperación Técnica No Reembolsable otorgada por el BID en su calidad de administrador de una donación del Gobierno de Canadá, para financiar el ¿Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú - PROSEMER¿. El objetivo general de este programa es contribuir a una gestión equilibrada y sostenible de los recursos energéticos con los que cuenta el Perú por parte de las diferentes instancias del Gobierno vinculados a este sector, así como por otros actores relevantes, fortaleciendo la interacción y coordinación entre los mismos con el fin último de propiciar un crecimiento económico sostenible del país.
